Mucho antes de que existieran la OMC (Organización Mundial del Comercio) y el tratado ADPIC (Aspectos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio), las cuestiones comerciales se definían en tres ámbitos: el GATT (General Agreement on Trade & Tariffs), los acuerdos bilaterales entre países y la política doméstica en relación con el exterior.
Quienes más uso hicieron de esta herramienta de política exterior fueron, nuevamente, los por aquel entonces amos del mundo, Estados Unidos. En la década del '70, algunas industrias claves en materia de propiedad intelectual iniciaron un intenso lobby con el representante de comercio exterior de Estados Unidos (USTR) para reforzar el sistema de propiedad intelectual a nivel global.
En ese momento, distintas industrias fuertemente dependientes de la propiedad intelectual para establecer monopolios de mercado, empezaron a notar que los organismos de decisión en materias de propiedad intelectual (como la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) se estaban volviendo demasiado democráticos, en virtud de lo que se estaba organizando en movimientos sociales y políticos diversos, como por ejemplo el Movimiento de los Países No Alineados, durante la década del '70, que se manifestó incluso en diversos foros internacionales. Entonces, cada vez que se quería conseguir un cambio en la OMPI a algún tratado, había que intentar negociar y muchas veces era imposible. La ecuación era clara: la comodidad de un puñadito de países en Europa, más Estados Unidos, no podía contra la abrumadora mayoría de los países pobres y doblegados, y que eran el grueso de los miembros de la OMPI: los países de América Latina y África.
Otro cambio importante fue que estas industrias se percataron de que al sistema de tratados internacionales le estaba faltando un látigo que pudiera alcanzar a los países para castigarlos cuando incumplieran con las normas. La OMPI ofrecía diferentes tratados para proteger la propiedad intelectual, pero ninguno de esos tratados obligaba a los países a cumplirlos. En resumen, ninguno tenía capacidad punitiva de castigar económicamente a un país si incumplía con las normas, por lo que en la práctica efectiva se volvían más bien tratados protocolares que regulaciones internacionales: la lógica decía que sin castigo, no había obligación de cumplir con la regla.
A su vez, estas empresas empezaron a alarmarse por el ascenso del Tigre Asiático, que no respetaba la mayoría de las normas de propiedad intelectual que existían en los Estados Unidos (razonablemente, por otra parte). Así, distintas industrias, que necesitaban relocalizar sus producciones en países pobres con políticas de derechos laborales débiles y salarios bajos, como parte del movimiento global que instauraba una segunda acumulación originaria, a partir de la crisis económica de 1973 y 1975, empezaron a exigir que las normas de propiedad intelectual vigentes en Estados Unidos y Europa se hicieran extensivas a todos los países del globo, para poder instalar sus dependencias en otros lugares sin temor a ser "expropiados" de su propiedad intelectual.
Este lobby intenso para efectuar el "segundo cercamiento sobre los bienes comunes" fue cada vez más agresivo, sobre todo a medida que iba consiguiendo acuerdos tanto en los planos bilaterales como en los multilaterales. Como el GATT seguía resistiéndose (de manera razonable) a incluir a la propiedad intelectual como un capítulo que mereciera ser tratado en su seno, Estados Unidos fue por la vía de los acuerdos bilaterales. Esta es una estrategia bastante utilizada por Estados Unidos y Europa cuando los foros multilaterales se paralizan por la situación perjudicial que representan para los países pobres (por el nivel de rechazo y conflictividad social que generan), como por la negociación democrática al que terminan obligándolo las mayorías inexorables, donde vive el 80% del mundo pobre.
En el marco de estas estrategias, Estados Unidos decidió implementar en 1984 una reforma a su Trade and Tariff Act (Ley de Comercio y Tarifas), e incluir en la Sección 301 de dicha ley un apartado referido a la posibilidad de los Estados Unidos de castigar comercialmente a aquellos países que no cumplieran con sus normas de propiedad intelectual. Las industrias podían pedirle a la USTR, encargada de aplicar la ley, que iniciara una investigación contra un país bajo la Sección 301, para evaluar si el país cumplía o no con las normas de propiedad intelectual. En 1988, este procedimiento se incorpora formalmente a la USTR, y obliga a la USTR a formular una "lista de vigilancia" en materia de propiedad intelectual. A este reporte, que lo elabora la mayoría del sector privado estadounidense, se lo conoció con el nombre de "Reporte 301".
En 1995, la estrategia de las industrias norteamericanas y europeas habían dado finalmente un buen resultado. En ese entonces, se llegó a la Ronda de Uruguay con un acuerdo cerrado sobre la OMC y los tratados vinculantes que debía incluir; uno de ellos fue, precisamente, el ADPIC, el Tratado sobre Aspectos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio. Ahora sí un país podía acusar al otro de incumplir normas de propiedad intelectual en el marco de la OMC, ir a un tribunal de resolución de controversias, y exigir un resarcimiento económico o en especias si el tribunal encontraba culpable al país acusado.
Sin detenernos en esto, lo importante en este caso es señalar que, desde el momento mismo en que se conformó la OMC y entró en vigencia el ADPIC, las medidas unilaterales de castigo (como la sección 301, que es la que nos ocupa) perdieron automáticamente su validez, en la medida en que para resolver cualquier conflicto entre países se debe ir a la OMC y no se pueden aplicar medidas unilaterales.
Pero, curiosamente o no tanto, por el aparente efecto de amenaza psicológica que ocasiona este reporte, la USTR continúa publicándolo religiosamente todos los años, y todos los años los diarios lacayos de USA siguen hablando de lo mal que está el país en materia de propiedad intelectual, y todos los años vuelve a escucharse la misma estupidez, y todos los años hay que volver a explicar lo mismo: que el informe no tiene ningún tipo de validez, y que vale menos que el papel o el byte sobre el cual se escribe. A tal punto es tan así que las últimas ediciones del informe parecen ser una repetición de sí mismo.
En estos momentos, en que la justicia argentina por fin está produciendo fallos interesantes en materia de propiedad intelectual evaluándolo desde la perspectiva de los derechos culturales (ver, por ejemplo, el fallo sobre la medida cautelar contra Cuevana y el fallo en el caso de los herederos de Roberto Fontanarrosa), es llamativo que el informe haya subido la categoría de Argentina, de watchlist, como estaba hace unos años, a Priority Watchlist, aunque diga poco y nada respecto de la situación en Argentina: menos de medio párrafo.
Por supuesto, el informe de este año le dedica páginas y páginas a la situación de China. Y como no podía ser menos, en los momentos en que se está negociando el TPP (Transpacific Partnership), incluyen a Chile en la Priority Watchlist, como para que no se sientan presionados, sobre todo en estos momentos en que Chile negocia con una postura favorable hacia los derechos culturales y la libertad expresión en Internet, y no hacia maximizar la protección en materia de propiedad intelectual, postura que es obviamente muy negativa para los intereses norteamericanos.
Más allá del escaso efecto práctico que tiene este reporte sobre la aplicación de las leyes de propiedad intelectual en cada país, siempre resulta interesante mirarlo desde la perspectiva puramente geopolítica. A mí personalmente siempre me fascinaron las películas (norteamericanas y del resto) que plantean una especie de conspiración entre grupos sectarios para dominar el mundo... cuando la realidad es tan evidente y transparente que no hace falta conspirar ni urdir nada. Acá no hay conspiración, hay organización política.
